La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) de Guatemala ejecutó 56 traslados de privados de libertad desde el Centro de Detención de Puerto Barrios, Izabal, a otros recintos carcelarios en las últimas 48 horas.
Según informaron las autoridades, esta acción busca reducir los índices de criminalidad en la región y desarticular estructuras delictivas que operaban tanto dentro como fuera de las cárceles.
La medida forma parte de una estrategia coordinada para reforzar el control estatal en los centros penitenciarios, indicó la DGSP a través de un comunicado.
Requisas y despliegue de fuerzas interinstitucionales
La operación involucró a la Fuerza Élite y a los órganos de control de la DGSP, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala.

Las autoridades realizaron requisas focalizadas por sectores, así como otras acciones tácticas que permitieron trasladar a 34 líderes de organizaciones criminales hacia granjas penales.
Esta primera fase del operativo provocó alteraciones del orden en el Centro de Detención de Puerto Barrios y generó conflictos internos entre grupos de reclusos. La DGSP confirmó que el orden fue restablecido tras activarse los protocolos de emergencia.
En un segundo operativo, se trasladó a 22 privados de libertad implicados en los disturbios y se inspeccionaron los sectores involucrados, logrando la incautación de 17 teléfonos celulares, que quedaron bajo custodia para la obtención de datos útiles en las investigaciones. Según las autoridades, el decomiso de estos dispositivos constituye un golpe a las comunicaciones ilícitas dentro de los centros.

Incautaciones y destrucción de infraestructura ilegal
Durante los operativos, la DGSP reportó el decomiso de 55 teléfonos celulares, 14 televisores, licor y droga, además de otros objetos prohibidos. Las fuerzas de seguridad también procedieron a la destrucción de edificaciones no autorizadas dentro de las instalaciones penitenciarias. Según datos de la institución, estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para erradicar privilegios criminales y fortalecer la disciplina en los recintos carcelarios.
Las inspecciones se extendieron a otros centros, como el Centro de Detención Renovación 1 en Escuintla y el Centro de Detención El Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa. En estos lugares, se realizaron revisiones sectorizadas para detectar indicios de actividades delictivas, en línea con los lineamientos de seguridad penitenciaria.
