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I.- Disputa en una concesión minera

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Kohut, ex empleado de Gunvor  está en prisión en los Estados Unidos luego de confesar haber sobornado por varios millones de dólares a funcionarios y oficiales de la empresa petrolera ecuatoriana Petroecuador.

Pero su presencia en Ecuador no sólo buscó beneficios ilegales en sector de petróleo como indica e El Universo, sino que incursionó según nuestras fuentes de investigación, de manera irregular asociado a varias personas en otras actividades, entre otras en la minera. Es así, que con su abogado y asesor Oscar Campana Vargas, de forma indirecta, al parecer aún formaría parte de la compañía Ryrecuamining Ecuador S.A. hoy de propiedad mayoritaría de la sociedad de Canadá AMIC.

Kohut era accionista minoritario de la compañía Panameña LAC CHARLES S.A. incorporada en el 2007 que luego de su confesión en Estados Unidos y muy probablemente sin que lo sepan las autoridades americanas, pone en nombre de JOSÉ ORLANDO CARRIÓN FEIJO Y JORGE ARMANDO MALDONADO SANCHEZ siempre de la mano de su asesor legal Oscar Campana Vargas.

Ryrecuamining Ecuador S.A. es concesionaria de la mina Tres Chorreras, ubicada en la provincia del Azuay, la cual recientemente fue recuperada en su posesión por la actual administración y accionistas que son AMIC de Canada en asocio internacional con la compañía americana 3CMining. Derivado de ello, han comenzado problemas que demuestran la violencia e inseguridad que viene sufriendo Ecuador con grupos irregulares, probablemente terroristas ligados a la Mineria ilegal y la corrupción.

Si bien la Agencia de Control y Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables luego de un irregular trámite marcado por interferencias de los invasores de la concesión dilató la entrega de la posesión a los actuales propietarios y administradores de Ryrecuaminig Ecuador S.A., decidió luego de constatar minería ilegal en la zona, garantizar la posesión legítima de la concesión en la práctica la violencia en la zona lo ha impedido.

II.-  Minería ilegal en Azuay: Amenazas y terrorismo

Pucará es una parroquia y cantón ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar,  a pocas horas de Cuenca. Este sector del Ecuador, encuentra una importante reserva de minerales, entre las que destacan el oro, plata y cuarzo, según datos del Ministerio de Energía y Minas. Si bien la riqueza y potencial antes descrito es un aliciente para que empresas especializadas emprendan actividades de exploración y explotación siguiendo estándares internacionales en el sector minero, la falta de seguridad y control de la actividad minería es un obstáculo que imposibilita el desarrollo de la minería y, en contraste, fomenta un ambiente propicio para que la minería de otro tipo, la ilegal, se expanda en su mayor amplitud.

En efecto, los operadores de este tipo de actividades irregulares suplen la ausencia del Estado paternalista.  Sin ningún tipo de responsabilidad social o laboral, son la fuente de empleo directo de decenas de familia provenientes de las comunidades aledañas como Quinuas y Pucará, lo que incluye, por supuesto, a menores de edad quienes dedican horas diarias en actividades de extracción en condiciones de inseguridad e insalubridad. La seguridad está a cargo de grupos armados conocidos en la zona como “sicarios”, este personal se encuentra fuertemente armado. Todos los conocen en la zona, incluidas las dos o tres policías que se atrincheran en el UPC de la cabecera cantonal.  Los sicarios son el brazo armado de los operadores ilegales, se encargan de mantener el orden, para ello se valen de todo tipo de medios, desde amenazas hasta atentados en contra de la vida y propiedad de todos aquellos que no se alinean con las directrices de los operadores de minería ilegal. También brindan servicios de guardianía y controlan el ingreso al área de explotación asignada, en cumplimiento de su función son los encargados de repeler cualquier intento de intromisión en sus trabajos por parte de autoridades estatales, policiales o militares.

Aunque la legislación ecuatoriana tipifica y castiga la minería ilegal, lo cierto es que en la práctica el control y la regulación de esta actividad no existe, los operadores de minería ilegal se reservan espacios del territorio ecuatoriano para formar sus zonas intangibles, donde no existe la ley ni el Estado, mucho menos autoridades o fuerza pública. El producto ilegalmente extraído circula libremente por los caminos y carreteras de los diferentes cantones y poblaciones hasta llegar a las plantas de beneficio asignadas, donde como es previsible imaginar, nadie controla el ingreso de material y precisamente aquí es donde adquiere visos de legalidad para posteriormente ser comercializada y exportada.

No escapa de lo anterior, precisamente en el cantón y parroquia de Pucará la indicada concesión minera TRES CHORRERAS. Conforme nuestras fuentes de investigación, las autoridades de la Agencia de Control y Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables ingresaron a esta concesión minera, a efectos de ejecutar un desalojo por presuntas actividades de minería ilegal. La denuncia provino de RYRECUAMINING ECUADOR S.A. titular de la referida concesión minera y subsidiaria de la compañía ATLAS MOLY CORP (AMIC) de Canadá, la cual ha sido recientemente adquirida por una compañía de capital norteamericano con interés en aumentar las inversiones en infraestructura, fortalecer los lazos comunitarios y ejecutar actividades mineras en estricto cumplimiento de estándares internacionales.

Sin embargo, lejos de iniciar la ejecución de su actividad, la compañía estadounidense se ha encontrado no solo con un aparataje estatal que es incapaz de hacerle frente a la minería ilegal, sino que hasta en cierto nivel que parece fomentarla, lo que demuestra el divorcio entre la promoción y atracción de inversiones en el Ecuador y la realidad con la que se encuentran los inversionistas.

En el caso particular, la compañía denunció ante el director ejecutivo de la Agencia de Control y Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables la presencia de minería ilegal en el área de concesión minera. A pesar de que la Ley de Minería prevé un trámite sumario de aproximadamente 20 días para conocer y resolver dicha petición. La coordinación zonal de Azuay de la agencia demoró 7 meses en la expedición de la resolución y el desalojo de personal no autorizado, multando casualmente a JOSÉ ORLANDO CARRIÓN FEIJO Y JORGE ARMANDO MALDONADO SANCHEZ nada más y nada menos que los compradores o “nominees” de Raymond Kohut en Lac Charles de Panamá. A criterio de la compañía norteamericana aquello no obedeció a una respuesta estatal oportuna, sino a una sentencia constitucional expedida a su favor y que ordenó a los funcionarios de dicha entidad pública proceder de dicha forma.

Ahora la compañía se enfrenta a dos grandes problemas. Por un lado, a pesar de haber conseguido por un momento la tutela de la Agencia de Control y Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables para ejecutar el desalojo, fue cuestión solo cuestión de tiempo antes de recibir llamadas de parte de organizaciones criminales y posteriormente tener encarar una agresión con armamento armado que los obligó a salir forzadamente del área de concesión. La recomendación de las autoridades ante las denuncias fue que no se encontraban en capacidad de ayudarlos y que abandonen el lugar. Por otro lado, la sentencia de apelación que puede definir este caso está en manos de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, a cargo de los doctores José Cuellar Punin, Richard Gaibor Gaibor y Juan Paredes Fernández.  Paredes sigue en la corte y ha sido siempre señalado por haber expedido el fallo condenatorio contra Diario El Universo en una acción legal planteada hace varios años por el Ex Presidente Rafael Correa de donde por las circunstancias en que se expidió es conocido como “Chucky Seven” en el medio.

Funcionarios de la Agencia de Control y Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables del Ecuador no pudieron ser contactados, pero una fuente del interior del organismo revela que como este caso, existen decenas en donde efectivamente la confluencia de minería ilegal, violencia, grupos subversivos violentos y jueces corruptos son una fórmula de desaliento a la inversión extranjera en la minería en la República del Ecuador.

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