La exjefa del Ministerio Público (MP) dispone de 28 agentes (25 hombres y 3 mujeres), divididos en dos grupos y cinco vehículos, de los cuales uno es blindado. Cuando alguno de estos automotores sufre desperfectos mecánicos, el MP envía otro vehículo mientras repara el principal.

Según los registros financieros del MP, desde mayo de 2018, cuando Aldana dejó de estar al frente del MP, la seguridad de la exfuncionaria le ha costado a la institución casi 7 millones de quetzales (Q6,823,000).

El MP cubre los salarios, bonos y viáticos de los guardaespaldas asignados a Aldana, así como el combustible y el mantenimiento de los vehículos asignados a la seguridad de la exfuncionaria.

El MP paga por la seguridad de los hijos de Thelma Aldana
Actualmente Aldana está prófuga de la justicia por las dos órdenes de captura que pesan en su contra, por lo que la seguridad está a disposición de sus hijos.

Esta protección es por tiempo indefinido, según lo establece el Acuerdo 80-2017 del MP, que fue aprobado durante la administración de Aldana. Antes de ese documento, la protección estaba a cargo del Ministerio de Gobernación durante cuatro años luego de dejar el cargo.

Según el Ministerio de Gobernación, esta medida de protección era para prevenir amenazas o atentados contra su seguridad “por la naturaleza de esa función y las actividades que desempeña”.
“Ni al Presidente de la República le dan combustibles o vehículos de por vida. Si bien existen riesgos inherentes al cargo, si usted tiene seguridad durante tres o cuatro años, en ese tiempo los riesgos se reducen”, asegura el exviceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería.

“¿Qué va a pasar cuando hayan pasado cuatro fiscales? Si usted le entrega estos privilegios a los exfiscales, los costos se elevan y el MP solo tendrá presupuesto para cubrir la protección de sus exjefes”, añade Rivera Clavería.

El subjefe de Seguridad del MP, Antonio Englenton Peña, aseguró que la seguridad proporcionada por la institución no ha acompañado a Aldana fuera del país desde que ella dejó de ser la fiscal general y por ende sus guardaespaldas no han estado con ella mientras permanece prófuga de la justicia.

La Contraloría General de Cuentas (CGC), a solicitud del MP, analiza la legalidad del acuerdo que le proporciona seguridad a Aldana.