Entre luces y sombras, a principios de este mes finalizó su mandato la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y tras su salida, siguen quedando dudas sobre su gestión.

Diversos sectores han cuestionado la supuesta fabricación de pruebas y presentación de testigos falsos en varios de los casos elevados a los tribunales de Justicia, pero  también se han referido a la opacidad en el manejo de los recursos con los cuales se financió su labor.

Aunque se conoce que la CICIG recibía contribuciones de distintos gobiernos y agencias de cooperación internacional, incluso de la fundación Soros, poco se sabe en qué se gastó el dinero.

CICIG

Las cifras

De hecho, en su último informe, la entidad detalla los aportes recibidos entre 2007 y 2018, los cuales superaron los US $167 millones (Q1 mil 285.9 millones).

Indica, además, haber gastado más de US $161.1 millones (más de Q1 mil 240.4 millones) en ese mismo lapso, pero no explica en qué se invirtieron.

El único cuadro que aparece en el informe, en el cual se da un escueto detalle de los gastos, corresponde al período 2017-2018.

Allí se indica que se invirtieron US $3.1 millones (Q23.8 millones) en seguridad, US $9.1 millones (Q70 millones) en investigación, US $1.7 millones (Q13 millones) en la Oficina del Comisionado y US $2.7 millones (Q20.7 millones) en gastos operativos, pero sin mayores explicaciones.

De acuerdo con el documento, la CICIG gastaba mensualmente un promedio de US $1.13 millones (Q8.7 millones) para su funcionamiento y contaba con un presupuesto anual que rondaba los US $ 14 millones (Q 107.5 millones).

Sin embargo, no se aporta ningún detalle sobre salarios o cantidad de empleados, cuotas de renta o compras de insumos, vehículos o cualquier otra herramienta para desarrollar sus funciones.

Esto, crea suspicacia entre distintos sectores, pues fue la falta de transparencia en la ejecución de los recursos uno de los temas que la entidad más persiguió en sus investigaciones. Por casos de este  tipo, llevó a los tribunales a distintos exfuncionarios, muchos de los cuales han permanecido durante años en prisión preventiva.

¿Y sus recursos en 2019?

En el informe no se brinda información sobre las contribuciones que la entidad recibió durante su último año de trabajo ni de los recursos que erogó en ese período.

El único dato ofrecido es que la CICIG tuvo un presupuesto estimado de US $15 millones 876 mil (más de Q122.2 millones), para operar entre septiembre de 2018 y ese mismo mes de 2019.

Se desconoce quién o quiénes aportaron esos fondos y en qué se gastaron.

Rendición de cuentas

A criterio de distintos analistas, la omisión en la rendición de cuentas por parte de la CICIG genera aún mayores dudas sobre su labor, pues denota escasa transparencia en la gestión de los recursos, pese a que el tema fue parte fundamental de su agenda de investigación.

Giulio Talamonti opinó que la Organización de las Naciones Unidas está obligada a explicar a los guatemaltecos cómo se invirtieron los recursos que se pusieron a disposición de la entidad, así como ponderar los resultados reales de su trabajo, pues, según dijo, los niveles de impunidad en el país apenas bajaron dos o tres puntos porcentuales durante los 11 años de su mandato.

En la misma línea se pronunció el abogado Giovanni Fratti, quien manifestó que la CICIG, al igual que cualquier otra entidad que funcione en el país, está obligada a rendir cuentas sobre los fondos que maneja y cómo los invierte.

Congreso fiscalizará gastos

En este marco, el primer secretario del Congreso, Estuardo Galdámez, indicó que la Junta Directiva de ese organismo aprobó la creación de una comisión específica que se hará cargo de fiscalizar los recursos que la entidad recibió y en qué los gastó.

Según dijo, esta comisión se integrará en los próximos días.