29 ligados a proceso podrían beneficiarse de reforma al 407 “N”

Las reformas al artículo 407 “N”, que regula el financiamiento electoral ilícito, abren la puerta para que alrededor de treinta empresarios que actualmente están sindicados en los tribunales por este delito, puedan quedar libres de cargos. Sin embargo, el Ministerio Público (MP), por su parte, asegura que nadie que haya cometido delitos quedará en impunidad.

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Con las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, reconocida entre ciertas organizaciones de sociedad civil como una “amnistía” para quienes actualmente enfrentan cargos por estos hechos, los diputados podrían haber detonado una batalla jurídica entre el MP y empresarios sindicados por financiamiento electoral ilícito, la cual tendría su apogeo en los próximos meses en los tribunales de justicia guatemaltecos.

Sin embargo, Sandoval considera que, en caso los empresarios resulten condenados durante el juicio, las reformas sí los beneficiarían con una reducción de penas, pues el “financiamiento electoral no registrado” es penado, tras las modificaciones a la ley, con prisión de uno a cinco años conmutables; anteriormente tenía penas de cuatro a doce años de prisión.

“En todo caso, si la gente es condenada, ahí ellos deberán invocar la pena que más le favorece, pero la conducta sigue siendo prohibida”, dijo el jefe de la FECI.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS BENEFICIADOS?

Casi treinta empresarios están ligados a proceso actualmente por financiamiento electoral ilícito. Todos ellos están divididos en tres casos: financiamiento electoral ilícito al FCN-Nación, Construcción y Corrupción y Cooptación del Estado.

FCN

Según las investigaciones del MP y la CICIG, para la campaña electoral de 2015, un grupo de empresarios decidió sufragar el pago de fiscales electorales del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), agrupación que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia.

El aporte de los empresarios fue de aproximadamente Q8 millones, los cuales no fueron reportados al TSE, y fueron canalizados a través de la empresa Novaservicios S.A., establecen las pesquisas.

Por estos hechos enfrentan proceso penal los siguientes empresarios:
• Rodrigo Arenas
• José Andrés Botrán
• Felipe Antonio Bosch Gutiérrez
• José Miguel Torrebiarte Novella
• José Fraterno Vila
• José Guillermo Castillo Villacorta
• Salvador Paiz del Carmen

CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN

En 2011 varias empresas dedicadas a la construcción realizaron pagos a las entidades Impresos Urbanos, Espectaculares Urbanos S.A. y Seguridad ASA. S.A., empresas vinculadas con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, que estaban destinadas a la campaña política del Partido Patriota.

Las empresas de la construcción que realizaron el financiamiento electoral ilícito son: Compañía General de Urbanizaciones S.A., PRECON, S.A., Constructora CODICO S.A., HW Contractors S.A., SIGMA Constructores S.A. y Solelh Boneh y/o SBI International Holdings AG. En total, aportaron a la campaña del PP Q3 millones 387 mil 963.28.

Por estos hechos están ligados a proceso los siguientes empresarios:
• Otto Vinicio Samayoa Soria
• José Guillermo Samayoa Soria
• José Roberto García Rodríguez
• Denis Eli Marroquín Castillo

Además, está pendiente de definirse en una audiencia de primera declaración si son ligados a proceso por financiamiento electoral ilícito los empresarios:

• Oscar Augusto Guerra Villeda
• José René González Campo-Hinojosa (expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)
• Víctor Valentín Giordani Villeda

La empresa Compañía General Urbanizaciones S.A., vinculada con Giordani Villeda, también sufragó los gastos de páginas completas en Prensa Libre promocionando la imagen de la candidata presidencial Patricia Escobar de Arzú y la de su esposo, Álvaro Arzú, como candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala.

COOPTACIÓN DEL ESTADO

En junio de 2016, el MP y la CICIG revelaron un entramado de corrupción para financiar ilícitamente al Partido Patriota y enriquecer a sus líderes tras llegar al poder.

Los mecanismos para financiar ilícitamente al PP fueron tres: a través de canales de televisión abierta, con la triangulación de fondos del financiamiento electoral y por medio de la adjudicación de contratos del Estado.

El primer mecanismo consistió en que, en 2008, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran candidatos al binomio presidencial, el grupo Albavisión depositó Q17 millones 679 mil 200 a empresas de cartón que eran controladas por el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón.

Este dinero fue utilizado para comprar inmuebles a Pérez y Baldetti y para gastos de publicidad del partido.

Una vez en el poder, el PP benefició con pauta publicitaria a los Canales 3 y 7 por un monto de Q216 millones 267 mil 762.52. Por estos hechos está prófuga de la justicia Alba Elvira Lorenzana, esposa del dueño de los canales Ángel González, por financiamiento electoral ilícito.

Otro mecanismo de financiamiento electoral ilícito consistió en que varios empresarios que no deseaban figurar como donantes del PP facturaron alrededor de Q50 millones a empresas manejadas por Monzón, quien, junto con su contador se encargaron de canalizar los recursos al partido político.

Los empresarios que se encuentran ligados a proceso por financiar ilícitamente al PP son:

• Alberto Rafael de León Escobar
• Álvaro Mayorga Girón
• Julio Alejandro Quinto Tobar
• Ana Graciela López Gálvez
• Marco Antonio Recinos Sandoval
• Dennis Leonel Linares Juárez
• Boris Alberto Linares Juárez
• Boris Orlando Navas Aguilar
• Max Roberto Burgos Faillace
• Juan Luis Ortiz Álvarez
• Jack Irving Cohen Cohen
• Dennis Benjamín González Zepeda
• Edna Maribel Berganza Colindres de Cabrera
• Gustavo Adolfo Alejos Cambara
• Adolfo Fernando Peña Pérez

LOS PRIMEROS INTENTOS

Luego de las reformas al financiamiento electoral ilícito se dio a conocer que los empresarios Rodrigo Arenas y José Andrés Botrán, quienes están ligados a proceso por financiamiento electoral ilícito, solicitaron al Juzgado de Mayor Riesgo D que se les modifique el delito por el cual fueron procesados.

Sin embargo, Arenas aclaró que estas peticiones se realizaron antes de que el Congreso reformara el delito de financiamiento electoral ilícito.

Francisco Gallardo, abogado defensor de Arenas, dijo que las reformas al 407 “N” aún no han entrado en vigencia y que no pueden depender de ello. El abogado dijo que, de momento, la defensa está concentrada en demostrar la inocencia de Arenas ya que la investigación no demostró que él haya dado algún “aporte cívico”.

MP PODRÍA PLANTEAR INCONSTITUCIONALIDAD

La Fiscal General dio a conocer ayer en una actividad pública que si al momento en que entren en vigencia las reformas, éstas atentan contra principios constitucionales, el MP procederá a plantear una inconstitucionalidad.

Al ser cuestionada sobre si estaba de acuerdo con las reformas, Porras no quiso expresar su aprobación o desaprobación al respecto.

“EN TODO CASO, SI LA GENTE ES CONDENADA, AHÍ ELLOS DEBERÁN INVOCAR LA PENA QUE MÁS LE FAVORECE, PERO LA CONDUCTA SIGUE SIENDO PROHIBIDA”.
JUAN FRANCISCO SANDOVAL, JEFE DE LA FECI

“DEFINITIVAMENTE, ESO ALTERA PROCESOS PENALES VIGENTES SOBRE ESTE DELITO (QUIENES ESTÉN SINDICADOS POR FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO) PUEDEN OPTAR A CIERTOS BENEFICIOS, COMO INTENTAR SOBRESEER PROCESOS SOBRE LA BASE DE NO EXISTIR CONDUCTA PENAL FINAL APLICABLE”.
CARLOS PAZ, ABOGADO DEFENSOR