Se convierte así en el primer país del G7 en hacerlo, y en el segundo del mundo en legalizar la marihuana recreativa, cinco años después de Uruguay, y se une a los contados países más liberales en este terreno.

Los funcionarios de salud pública canadiense sostienen que fumar cannabis es tan dañino como el tabaco, pero agradecen la oportunidad que brinda la legalización para un diálogo abierto.

cannabis en canada

Canadá ya tenía permitida la producción y el uso del cannabis para fines medicinales. Ahora también será para uso recreativo.

Como doctor y como padre, no estoy de acuerdo con la legalización del cannabis recreacional”,  Antonio Vigano

La policía, por otro lado, se prepara para un aumento en la conducción bajo la influencia de drogas y no está lista aún para presentar tres nuevos cargos criminales en estos casos, que requieren análisis de sangre dentro de las dos horas después de haber sido detenido por mostrar niveles por encima del límite del THC, el agente psicoactivo del cannabis.

“Como doctor y como padre, no estoy de acuerdo con la legalización del cannabis recreacional”, dijo Antonio Vigano, un especialista en marihuana medicinal y director de investigación en la clínica de cannabis Sante en Montreal, ante el riesgo de un mayor consumo entre los jóvenes.

“Hay preocupaciones de salud… Pero la legalización está creando una oportunidad para tener discusiones sobre el consumo de cannnabis y, por ejemplo, los padres comienzan una conversación con sus hijos al respecto”, refiere Gillian Connelly, de la Agencia de Salud Pública de Ottawa.

Los canadienses se encuentran entre los mayores usuarios per cápita de cannabis en el mundo con 4,6 millones o uno de cada ocho que consumieron marihuana este año (incluyendo el 18 % de la juventud en Ottawa, capital del país).

Los empleadores, por otra parte, están estableciendo una amplia gama de restricciones en su uso que afecta el trabajo, según especialistas. El ejército, por ejemplo, ha ordenado a los soldados no utilizar cannabis ocho horas antes de un turno, mientras que algunos policías y aerolíneas han anunciado prohibiciones.

Durante décadas, solo hemos dicho: ‘no consuman’, pero eso no ha funcionado”, Gillian Connelly.

Además de las zonas grises legales, hay una escasez de datos científicos sobre el cannabis, lo que ha dificultado el establecimiento de políticas.

Esto se hizo evidente cuando los funcionarios descartaron las preocupaciones del impacto de la marihuana en el desarrollo de los cerebros menores de 25 años, y establecieron la edad mínima para el consumo en 18 o 19 años en línea con la edad legal para consumir alcohol.

Un panel que recomendó el marco legal al gobierno dijo que “la ciencia actual no es definitiva en cuanto a establecer una edad segura para el uso de cannabis”. También determinó que fijar la edad en 25 años socavaría los esfuerzos para eliminar el mercado negro, lo que a su vez debilitaría el suministro de un producto más seguro para los consumidores.

Mientras tanto, el gobierno espera que la debilitación del precio ponga simplemente a los traficantes fuera de negocio.

Bill Blair, exjefe de policía de Toronto y actual ministro de seguridad fronteriza de Canadá, dijo que el fin de la legalización es alejar el cannabis de los adolescentes y a los criminales de los beneficios económicos que les da, según el medio 20 Minutos.

En Canadá, en 2017, 4,9 millones de personas gastaron unos 4.400 millones de dólares en cannabis. Solo alrededor del 10 % de ese valor fue de la compra para uso medicinal (permitida desde 2001). Por lo que se espera sea un punto de atención de la economía.

Si bien algunos han despenalizado el uso y la posesión de marihuana, renunciando a castigar con cárcel a los consumidores, son pocos los países que ofrecen un marco legal para su cultivo y consumo -como Uruguay y ahora Canadá-. En 2016, Naciones Unidas instó a los estados a “reevaluar sus políticas y sus prácticas” respecto al cannabis después de décadas de represión. Varios países han modificado así sus leyes antidrogas que se remontan en muchos casos a los años setenta.

Caso de Uruguay

(Un hombre muestra dos sobres que contienen marihuana que acababa de comprar en una farmacia de Montevideo).

En diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y consumo de cannabis. Antes de eso, solo la posesión y el consumo estaban despenalizados. Son posibles tres formas de acceso: el cultivo doméstico para consumo personal, la membresía en un club de cannabis o la compra en una farmacia.

Para comprar en las farmacias (17 hasta ahora) hay que estar registrado y se puede obtener hasta 40 gramos mensuales por usuario, a 1,40 dólares por gramo. El gobierno confió mediante licitación la producción y distribución a dos empresas privadas.

Las cifras de Monitor Cannabis, un grupo académico que estudia la puesta en práctica del proyecto, muestran que “tres años después de iniciada la regulación, la evolución de la prevalencia (consumo) de cannabis presenta un incremento que no es extraordinario con respecto a la tendencia”, que ya era de aumento desde inicios de este siglo.

Los últimos datos del oficial Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), muestran que 54 % de quienes consumen marihuana regularmente acuden a alguna de las alternativas del mercado legal cuando quieren fumar esta droga, que antes solo podían conseguir ilegalmente.

Uruguay cuenta con casi 7.000 cultivadores registrados, 107 clubes de cooperativas de producción de cannabis, y 28.500 compradores censados, una cifra que se multiplicó casi por seis con relación al primer día de venta, según datos oficiales.

La legalización en Uruguay también impacta en la economía y en la violencia. De acuerdo a un informe de la Universidad privada ORT, recogido por el diario El País, el mercado del cannabis manejaba unos 40 millones de dólares, de los cuales 10 ya han pasado al sector legal. Esta “pérdida de mercado” de los narcotraficantes ha aumentado las disputas de quienes manejan la producción ilegal, especialmente en barrios periféricos, aumentando la violencia y los asesinatos en las zonas controladas por ellos. Las autoridades han informado que 283 personas murieron en 2017. En Montevideo ocurrió la mayoría, el 45 %, y estaban relacionados con el control  de territorio de narcotraficantes. (I)