Los cateos buscan recoger información para la investigación que está en curso. “Por el momento no es posible compartir detalles”, informó el MP.

Carlos Sandoval, portavoz de la municipalidad capitalina, dijo que dos mil personas no han podido hacer su trabajo porque están “retenidas” en el edificio edil, mientras están en marcha los allanamientos.

Agregó que hay 20 abogados de la institución que están “procurando que se respete el debido proceso y la ley” durante este operativo.

Por un momento el servicio al vecino fue suspendido, pero se restableció a eso de las 11 horas.

Las oficinas allanadas son:

Departamento de Compras

Dirección Administrativa

Oficina de Atención al Vecino

Dirección de Comunicación Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Educación y Cultura

Dirección de la Mujer

Dirección de Obras

Dirección del Centro Histórico

Dirección de Comercio Popular

Gerencia Municipal

Oficina Municipal de Juventud y Deportes

Programa CONVIVIR

Regencia Municipal Región Norte

Subdirección de Atención a las Comunidades Precarias

Unidad de Apoyo a las Alcaldías Auxiliares

Dependencias del Grupo Financiero de Occidente/Financiera de Occidente S.A.

 

Se amplia investigación

El Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, confirmó que los allanamientos derivan del caso denominado “Caja de Pandora”. Estos tendrían como objetivo profundizar en los indicios que ya se tiene y explorar nuevas líneas de investigación, por lo que no se descarta que el caso se estuviera expandiendo hacia diferentes áreas de la municipalidad.

Allanamientos sorprende

Héctor Flores, Síndico Quinto de la Municipalidad de Guatemala, manifestó que el allanamiento “sorprendió” a todos los trabajadores de la municipalidad. Aseguró que en otras ocasiones las autoridades del MP han remitían oficios solicitando información y se les entregaba.

“En esta ocasión se pudo observar una gran cantidad de agentes, cosa que nos llamó la atención”, explicó Flores.

El síndico aseguró que el MP presentó una orden de allanamiento de carácter general que no detallaba concretamente el motivo del mismo o lo que se buscaba. El ente investigador solicitó documentación e información de compras que han realizado diferentes dependencias de la municipalidad.

“Llegaron con una lista de Números de Operación de Guatecompras (Nogs) y pidieron información sobre los mismo. Esa información es publica y se puede acceder a ella por medio de Guatecompras”, comentó.

Flores comentó que no se permitió que la municipalidad prestara servicios a los vecinos y que el allanamiento afecto a niños y a personas de la tercera edad que son parte de diferentes programas sociales de la comuna capitalina.

El caso

El MP y Cicig revelaron el 5 de octubre de 2017 que Álvaro Arzú, fallecido el 27 de abril, recibió bienes y servicios para la campaña de 2015 a la cooperativa Torre Fuerte, del reo Byron Lima, asesinado el 18 de julio de 2016, los cuales fueron pagados con dinero público.

Para encubrir el motivo de los pagos, Alejandra Reyes, pareja de Liima y quien aportó información para la investigación, usaba facturas en blanco para que la municipalidad las llenara por otros servicios que no tenían relación con la propaganda.

La cooperativa se encargaba de imprimir logotipos de los partidos políticos en pachones, gabachas, pelotas o playeras.

Según la investigación, el dinero para pagarle a Lima provino de fideicomisos de la municipalidad, como el de Apoyo a la Planificación Urbana.

Además, hubo plazas para favorecer a Reyes, su madre Elizabeth Ochoa Barrios y Andrea Monzón Ramos, viuda del reo Obdulio Villanueva, exguardia presidencial en tiempos de la presidencia de Arzú, condenado por el caso Gerardi y asesinado en 2003.